todos estamos igual

sábado, 26 de agosto de 2017

Cada minuto que Milagro Sala pasa sin ser trasladada a prisión domiciliaria, su vida corre peligro pero el Estado Argentino burla sus obligaciones

LA CASA DE LA LOCALIDAD EL CARMEN YA FUE ACONDICIONADA

LA DEFENSA DE MILAGRO SALA PIDIÓ QUE SE LA TRASLADE EN FORMA INMEDIATA AL DOMICILIO DONDE SE LA HARÁ CUMPLIR PRISIÓN DOMICILIARIA




El jueves pasado los abogados de Milagro Sala realizaron una presentación ante los jueces Pablo Pullen Llermanos y Gastón Mercau informando que el domicilio ubicado en la Localidad de El Carmen -que los magistrados indicaron como el inmueble donde trasladarían a la diputada del Parlasur- ya había sido puesto en condiciones de habitabilidad por parte de la defensa, dando cumplimiento a la resolución dictada el viernes [18 de agosto] pero que recién fue notificada oficialmente a los letrados este martes [22 de agosto]. En ese marco, solicitaron que se dé cumplimiento inmediato a las obligaciones del Estado Nacional ante la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se disponga el traslado urgente de la dirigente social.

En el escrito presentado en el juzgado de Control N 3 de Mercau y ante el residual de Pullen Llermanos, recordaron que según los artículos 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; el 41 Convencion Americana de Derechos Humanos; el 25 del Reglamento de la CIDH y el 106 de la Carta de la OEA, el Estado Nacional adquirió obligaciones internacionales que debe cumplir.

“En vista de que la República Argentina se encuentra en responsabilidad internacional desde el día viernes 11 de agosto de 2017 por no haberse efectivizado la Medida Cautelar 25/16 de la CIDH y, más importante aún, la vida y la integridad física de Milagro Sala se encuentran en peligro, es necesario que el traslado se lleve a cabo el día de la fecha”, señalaron los abogados.

La casa ubicada en la localidad de El Carmen, fue puesta en condiciones gracias al trabajo realizado por integrantes de la Tupac Amaru que desde el 10 de diciembre de 2015 quedaron sin trabajo y con los aportes recibidos a través de una campaña de fondos lanzada el mismo viernes que se conoció la resolución de Pullen Llermanos por parte del Comité por la Libertad de Milagro Sala en todo el país.

Los jueces Pablo Pullén Llermanos y Gastón Mercau se arrogaron la discrecionalidad de reglamentar el estado de prisión domiciliaria al que será sometida Sala una vez que se le permita abandonar el Penal. El CELS señala los abusos de autoridad de los jueces al interpretar a su arbitrio lo que es una prisión domiciliaria: “La decisión judicial impone restricciones que vulneran los derechos de Sala: limita sin justificación la cantidad de personas que podrían visitarla, el tiempo en que podrían hacerlo; encomienda su custodia a la Gendarmería Nacional, lo que está expresamente prohibido por la ley”.

El propio presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, advertió sobre este autoritarismo de los jueces títeres: “pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una a otra prisión”.

A pesar de que el plazo otorgado por la CIDH se halla ampliamente vencido, los jueces títeres de Morales, el gobernador macrista-massista-radical, y el Estado Argentino siguen dilatando el cumplimiento de sus obligaciones ineludibles. Cada minuto que Milagro permanece en el Penal, su vida, su integridad física y psíquica se hallan en riesgo, de acuerdo con los fundamentos expuestos por la CIDH. El Estado nacional es responsable pleno del deterioro de su estado y por cualquier consecuencia irrevesible que este incumplimiento ocasione.

Argentina se va hundiendo a cada hora que pasa sin cumplir las disposiciones de los organismos internacionales en la ciénaga de los regímenes autoritarios y lesivos de la condición humana.