Santiago Maldonado

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Con vida te queremos

viernes, 24 de febrero de 2017

Oderbrecht, HSBC, BNP Paribas: el macrismo no investiga los crimenes económicos (¿o los encubre?)

Entrevista a Nicolás Macchione, del CIPCE, en La otra.-radio, para escuchar clickeando acá


El CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica) es una organización no gubernamental dedicada a impulsar políticas de prevención y persecución de la criminalidad económica, que pone un énfasis especial en los mecanismos de recuperación de activos. Uno de sus objetivos principales es lograr que el dinero generado por la corrupción y la delincuencia económica sea devuelto al Estado y utilizado para reparar el daño social causado.

El concepto de criminalidad económica es aplicado para remarcar la necesidad de que estos delitos "de guante blanco", muchas veces de carácter trasnacional y realizados a una escala multimillonaria, sean tratados como auténticos crímenes que lesionan el tejido social de una forma mucho más dañina que cualquier delito simple. El CIPCE trabaja para que el daño que la criminalidad económica causa en las políticas públicas sea no solo sancionado, sino que sus consecuencias logren algún modo de reparación.

En los últimos años, la lucha contra este tipo de delito había alcanzado significativos avances en nuestro país, a partir del impulso de organismos como la UIF (Unidad de investigaciones financieras) y la colaboración del estado argentino con el GAFI
(Grupo de Acción Financiera Internacional). Pero el CIPCE ve con preocupación que a partir de la asunción del gobierno macrista se viene sosteniendo una política deliberada no solo de desmantelamiento de estas organizaciones de control, sino de deliberada obstaculización, cuando no de un uso avieso, destinado exclusivamente a perseguir opositores, mientras se obstruyen las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por personajes ligados a la actual administración.

En diciembre último, el CIPCE envió una nota al Presidente del GAFI, uno de los principales organismos mundiales dedicados a la prevención del lavado de dinero. En la nota, el CIPCE mostró su preocupación por el desempeño actual del gobierno argentino. En primer lugar, objetó que los familiares de funcionarios puedan adherirse al blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno, ya que así el Poder Ejecutivo está otorgando una amnistía por delitos económicos, cuando los legisladores lo habían prohibido esto expresamente.

Estas irregularidades se agravan cuando se analiza la actuación de la Unidad de Información Financiera en materia de delitos tributarios: el propio Presidente de la UIF, Mariano Federici dijo que era "entendible" que en la Argentina se cometieran delitos de evasión fiscal y fuga de divisas. Apoyó su posición en cuestiones culturales y políticas y criticó la decisión del GAFI, que había establecido que la evasión impositiva trasnacional era un delito precedente del lavado de dinero. Federici hizo estas definiciones durante una charla en la Universidad de Belgrano:

"La informalidad estuvo y está muy relacionada con lo que ha sido hasta ahora la incapacidad de aquellos que nos precedieron en el gobierno, durante varias décadas, de crear las condiciones necesarias de confianza y estabilidad en la economía, de ejercer el poder con razonabilidad, de brindar servicios públicos de calidad a cambio de los impuestos y de manejar la cosa pública con dignidad y con integridad. Esta cuestión se ha visto exacerbada en las últimas décadas", dijo Federici para justificar la decisión de la UIF de relajar los controles sobre la evasión tributaria. Y agregó: "Por eso es que la decisión de muchos ahorristas argentinos en años recientes de proteger su riqueza, de proteger sus ahorros bajo leyes más seguras o en monedas más estables, termina siendo una decisión en nuestro contexto entendible. Una decisión razonable tanto desde el punto de vista legal como económico. Aún cuando esas prácticas desde el punto de vista técnico jurídico terminaron posicionando a aquellas personas en situación irregular frente a las autoridades impositivas".

Esta indulgencia del titular de la UIF respecto de los crímenes de evasión impositiva fue denunciada por el CIPCE ante el GAFI. El consentimiento de los delitos de evasión a gran escala se agrava en el contexto de otras políticas del macrismo, como la designación en cargos ministeriales de empresarios con conflictos de intereses, los despidos masivos de trabajadores, los recortes de funciones de la UIF, la interrupción de una Evaluación Nacional de Riesgo que la UIF debería hacer y la ausencia de investigaciones de la Oficina Anticorrupción sobre los presuntos delitos de corrupción del actual gobierno, mientras se inclina tendenciosamente a investigar solo a los opositores.

En 2014 Argentina había podido salir con muchos esfuerzos de las listas grises de países que no cumplen con sus obligaciones internacionales en prevención del lavado. Con las políticas que se están desarrollando actualmente, el CIPCE entiende que existe un claro riesgo de regresar a esa zona gris. Por eso solicitó al GAFI que intime al Poder Ejecutivo Argentino a que cumpla los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos.

En nuestra última emisión de La otra.-radio, entrevistamos al abogado Nicolás Macchione, integrante del CIPCE y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. En la entrevista, Macchione señala el desinterés de la actual UIF y la Oficina Anticorrupción en investigar (¿o acaso el interés del gobierno en que no se investiguen) tres casos paradigmáticos de la criminalidad financiera: la causa por lavado de dinero contra el HSBC, el caso BNP-Paribas y las graves denuncias en el caso Oderbrecht en Brasil, que involucran al titular de la Agencia Federal de Investigaciones de Argentina, Gustavo Arribas, quien además es un viejo amigo y socio de macri en el negocio de compra-venta de jugadores. Este último caso tiene un agravante: al ser imputado el jefe de la inteligencia estatal argentina, el sospechado Arribas cuenta con recursos extraordinarios para entorpecer la investigación que lo incrimina. El abogado del CIPCE Nicolás Macchione nos explica la gravedad que significa que la UIF y la Oficina Anticorrupción, que deberían tomar la iniciativa en la investigación de este caso, se nieguen a aportar información al respecto.

Para escuchar la entrevista a Macchione en La otra.-radio del domingo, clickear acá.

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